Opinión
Por Carlos Bueno 28 de mayo del 2013 - 10:40

¿Quién denuncia a la autoridad?

Tradicionalmente se ha afirmado que los toros son el espectáculo más democrático de cuantos existen, tanto ahora, en esta época de supuesta democracia que vivimos, como en tiempos de República o de dictadura. Las faenas se premian según dictamen popular. En diez minutos un torero es capaz de pasar del ostracismo a la gloria si el público así lo decide. La voluntad del pueblo impera en los ruedos, o convendría que imperase.

Según el apartado 2, del artículo 82, del capítulo IV, del título VI del Reglamento Taurino, la concesión de una oreja se realizará por el Presidente a petición mayoritaria del público. Así de escueto y así de claro. Otra cosa es la segunda oreja, para cuyo consentimiento influyen varios factores que debe valorar la autoridad, pero la primera sólo depende, o debería depender, de la voluntad de la mayoría de la concurrencia.

El pasado domingo el presidente de la corrida que se celebró en Las Ventas no cumplió lo que claramente apunta el apartado 2, del artículo 82, del capítulo IV, del título VI del Reglamento Taurino. No concedió la oreja que la mayoría solicitaba para Alberto Aguilar, decidió no cumplir su cometido, ser antirreglamentario, convertirse en un dictador, en el protagonista que nunca debiera ser, porque el mejor presidente, tal cual sucede con los árbitros, es el que pasa inadvertido (consiguiendo que se cumplan las normas).

Cuando un matador se coloca detrás del caballo de picar, cuando un banderillero no está al quite en el sitio que le corresponde o cuando un picador tapa la salida al toro sin motivo, la autoridad les sanciona. Pero, ¿quién denuncia a la autoridad cuando se salta el reglamento? Porque la oreja negada no le correspondía al señor presidente don Julio Martínez Moreno, sino a la mayoría absoluta que había en los tendidos. Cuando se ocupa el balcón presidencial los gustos y las opiniones personales deben quedar a un lado. Impera el deseo general, aún si ésta decide premiar al matador después de un pinchazo. El pueblo es soberano.

Alberto Aguilar se había ganado a ley la oreja que le daba derecho a salir por la Puerta Grande y que un forajido le usurpó. ¿Hubiera tomado la misma decisión en caso de haberse tratado de una figura del toreo? Queda la duda, queda el antirreglamentarismo, queda la impotencia. Ni es justo, ni es lícito, ni es legal... pero con eso se queda un matador que expuso, que se jugó la vida, que la gente se lo reconoció, que triunfó, pero que una persona, justamente la que tenía mando en plaza, le saqueó porque decidió ir en contra del mundo, de la lógica, de la sensibilidad, del Reglamento... menospreció la actuación del torero, jugó con sus ilusiones y se marchó a cenar tan tranquilo. Tiene cojones la cosa. Decisiones como esta ponen en entredicho eso de que "los toros son el espectáculo más democrático de cuantos existen".

PD: Acabo de leer unas declaraciones del presidente don Julio Martínez Moreno excusándose en que la petición era sólo del 30%. Ja, ja, ja... Afortunadamente este señor no es Ministro de Economía, porque las matemáticas las lleva fatal (o le hacen falta gafas). Por cierto, en un espectáculo en el que debe imperar el riesgo, el arte y la emoción, gran parte del Reglamento me parece ridículo y absurdo, pero si la autoridad quiere seguir aplicándolo que no sea sólo de forma partidista y unidireccional. Para todo o para nada.

 

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