ABC y La Razón se vuelven a posicionar a favor de la fiesta en un editorial

La votación de la ILP antitaurina va a ser seguida mañana viernes por la prensa generalista tanto de España como del resto del mundo. Los diarios nacionales, como ABC y La Razón han dejado clara su postura en sendos editoriales publicados ayer y hoy, haciendo una enérgica defensa de la Fiesta de los toros, destacando su ‘patrimonio cultural', la importancia en la economía y ecología española y criticando la ‘intromisión del poder público en la voluntad de los ciudadanos'.

Por su interés, reproducimos el editorial íntegro de ABC:

Los nacionalistas radicales buscan cualquier pretexto para plantear un desafío a la españolidad de Cataluña. Después del fracaso estruendoso de las consultas independentistas, llega el turno de debatir en el Parlamento autonómico sobre la tramitación de una ley antitaurina, contraria a la realidad social y a la tradición histórica.

La tauromaquia es un arte de alcance no sólo español, sino de carácter universal, como dijo el torero francés Sebastián Castella al recibir el premio ABC-Vicente Zabala. De hecho, más de 130 políticos del país vecino -entre ellos alcaldes, diputados o senadores- han hecho llegar a la Cámara una cerrada defensa de la Fiesta frente a la intromisión del poder público en la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, algunos partidos catalanes actúan una vez más de forma ambigua, dejando libertad de voto a sus diputados ante las enmiendas a la totalidad que podrían frenar en su origen la iniciativa legislativa popular contra las corridas, promovida por sectores radicales.

La Fiesta es un patrimonio cultural inmaterial, expresión de una forma de ser que conjuga el arte con el riesgo. Ha merecido desde siempre la atención de los más destacados escritores, pintores e intelectuales de todo tipo. La prohibición sería también un disparate en términos socioeconómicos, si se considera el éxito de los espectáculos taurinos en la Monumental de Barcelona, con señalado protagonismo en los últimos tiempos a cargo de José Tomás y la presencia de personalidades relevantes en la sociedad catalana.

Tampoco tiene sentido invocar la protección de los animales, un argumento fuera de contexto que sólo pretende envolver el discurso nacionalista bajo una apariencia respetable. Lo único razonable es que los diputados del PSC y de CiU atiendan el deseo de una gran mayoría social en favor del respeto a la tradición y a la libertad individual. Así lo han hecho ya los representantes del PP y de Ciudadanos, mientras que los socios de José Montilla en el tripartito amparan un texto inaceptable.

El caso es que todo vale con tal de aparentar una inexistente identidad exclusiva, ajena y contrapuesta al resto de los españoles. Francia puede servir de modelo para los sectores más dinámicos de la sociedad catalana, que deberían exigir a los políticos que, al menos por una vez, actúen en sintonía con la opinión pública. De lo contrario, sólo los radicales sacarán provecho de un nuevo desafío absurdo y fuera de lugar.

El Parlamento catalán se enfrenta mañana a una votación de alto voltaje social y político para decidir si tramita o no una ley contra las corridas de toros. De prosperar la iniciativa, presentada por una plataforma taurófoba, los parlamentarios autonómicos culminarían un proceso que la izquierda, en su propósito de gestionar el voto del ecologismo más agreste, inició hace años en el ámbito local, con episodios tan destacables como la declaración de Barcelona como «ciudad antitaurina» con el apoyo de los socialistas. En Cataluña, además, se añade el componente nacionalista, que estigmatiza a los toros como una fiesta nacional española ajena a las esencias catalanistas y, por tanto, execrable.

La combinación de estos ingredientes ideológicos, sentimentales y políticos con la discrepancia de opiniones dentro de un mismo partido convierte el debate de mañana en un cóctel altamente explosivo. De ahí que los parlamentarios catalanes se hayan acogido al voto secreto, demostrando en este asunto más escrúpulos de conciencia que los diputados del Congreso con la Ley del Aborto.

En efecto, aunque la Cámara autonómica es mayoritariamente nacionalista y de izquierdas, son muchos los parlamentarios opuestos a que se prohíban las corridas de toros, pero que temen ser señalados como «españolistas». Es evidente que la polémica antitaurina no habría llegado tan lejos sin esa mezcla de simplismo, demagogia e intimidación que han utilizado sus promotores.

Decir que es una «fiesta española» es ignorar la dimensión internacional que tiene, no sólo en Iberoamérica, sino también en Francia, donde cientos de ciudades la tienen incorporada como una tradición propia. Pero resulta especialmente hipócrita que se ataque a las corridas desde el catalanismo y la taurofobia, mientras se blindan los festejos populares de Cataluña en los que el toro es el centro de la diversión y, también, del acoso y el sacrificio.

Tradiciones como los «bous al carrer», los toros embolados y otras variantes no son ajenas a los pueblos más genuinamente catalanes. Además, en Cataluña viven y trabajan cientos de miles de personas que, siendo catalanes de adopción, llegaron de sus tierras con un equipaje cultural y emocional ligado a los toros. Si la Monumental de Barcelona se llena a rebosar en las tardes memorables, no es precisamente con turistas.

¿Acaso estos catalanes no tienen derecho a que su voz se oiga mañana en el Parlamento? En todo caso, el argumento más sólido contra la prohibición está relacionado con la libertad. En primer lugar, con la libertad de poder organizar en Cataluña una actividad empresarial y del espectáculo protegida por las leyes de la UE y las españolas. Un festejo taurino está protegido por leyes estatales de rango superior a las autonómicas y por normas que garantizan la actividad económica sin restricción dentro de las fronteras comunitarias.

En segundo lugar, está en juego también el respeto a las libertades y opiniones de millones de catalanes que, siendo votantes de los partidos de izquierda y nacionalistas, son taurófilos o, al menos, respetuosos con la tradición taurina. Pero en este asunto, como en otros muchos, en Cataluña la clase política va por un lado y la ciudadanía por otro. Se reforman estatutos que nadie pide, se convocan referéndums que casi nadie secunda y se propugnan prohibiciones contra el parecer de la mayoría. Como si la gente no tuviera problemas bastante más importantes y perentorios, como el empleo, la salud o la educación, sin resolver.